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ANÁLISIS DE ACTUALIDAD

ALERTA TEMPRANA Nº6: CASO HERMOSILLA

Programa Política y Sociedad  25/03/2024

I. INTRODUCCIÓN

En noviembre de 2023, el medio nacional Ciper filtró un audio en el cual se aprecian diversas prácticas por parte del abogado penalista Luis Hermosilla, que incluirían pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para obtener información privilegiada y otros favores que beneficien al abogado. 

Sin embargo, la investigación de la Fiscalía ha salpicado a otros servicios y se han abierto nuevas aristas.



II.- ALCANCE DEL CASO 

Posibles Instituciones y/o autoridades involucradas con el caso:

  1. Servicio de Impuestos Internos (SII): 

Se investigan posibles pagos a funcionarios del SII y CMF con el fin de obtener información privilegiada.

2. Policía de Investigaciones: 

El ex director de la Policía de Investigaciones(PDI), Sergio Muñoz, es imputado por posibles delitos, al haber entregado información sujeta a reserva sobre diversas causas al abogado penalista.

La Fiscalía Oriente formalizó al ex director, quedando en prisión preventiva

por delitos reiterados de violación de secreto y por considerarlo un "peligro para

la seguridad de la sociedad" y para garantizar el éxito de la investigación.

3. Poder Judicial: 

Hay inquietud respecto de los posibles vínculos que involucran al abogado penalista con posibles influencias en el nombramiento de ministros en el Poder Judicial. Bajo esa misma línea, se señala que habría tenido conversaciones con senadores, jueces y personas de La Moneda buscando el nombramiento de Antonio Ulloa y Jean Pierre Matus.

Actividad profesional del abogado Hermosilla: 

Ya sea por amistad o por oficio profesional, el abogado Hermosilla participó de diversas causas, tales como: 

  • Defensa en el caso audios al jefe de asesores de la Moneda, Miguel Crispi de Revolución Democrática (RD).

  • Defensa en causas que investigan responsabilidades del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

  • Defensa en causas que indagan al ex intendente y ex alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara.

  • Diversas intervenciones en los proyectos Dominga y Enjoy en las que estaba vinculado a autoridades en el Gobierno del ex presidente Sebastián Piñera.

III.- CONSIDERACIONES POLÍTICAS

  1. Criterio del Gobierno

Uno de los criterios que habría adoptado el Gobierno es que frente a una formalización de una autoridad se le debía pedir la renuncia. Sin embargo, este criterio aplicado sin mayor consideración, le entrega a los fiscales, en la práctica, un poder que no tienen, de destituir autoridades por una mera formalización (comunicación del inicio de una investigación), sin atender otros circunstancias, como por ejemplo, la gravedad de los hechos o la flagrancia, etc. 

 

2.-Tesis del Partido Comunista

El Partido Comunista intentó hacer una comparación del caso, en particular respecto a la formalización del ex director de la PDI, con la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez con el objetivo que se le pida la renuncia o este lo haga voluntariamente. 

Comentario: No obstante lo anterior, la formalización de Sergio Muñoz no guarda relación con la futura formalización del General Yañez. A este último se le imputa por una eventual responsabilidad “Institucional” en el delito de omisión “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio”, causado según la tesis de la fiscal Chong, por ciertos carabineros,  durante el estallido social.

3. Impacto en la ciudadanía

  • La aprobación de la PDI disminuyó 26 puntos porcentuales, pasando de un 86% de valoración positiva en febrero a un 60% en la medición de marzo según datos de la encuesta CADEM. 

  • Es posible destacar que por primera vez en 8 años, la aprobación de la PDI es menor que la de Carabineros, fenómeno que no ocurría desde 2016.

  • Confianza que es incluso menor a la de otros países latinoamericanos como México, Colombia, Brasil o Perú.

Comentario: En situaciones en donde la percepción ciudadana con respecto a las instituciones está a la baja, hay que ser cuidadosos al momento de hacer análisis tajantes como lo ha hecho la izquierda los últimos años, en la cual sostienen que la refundación de Carabineros o de las instituciones en general, son la única vía de solución a las problemáticas.

IV.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

La Fiscalía está investiga el caso, recopilando antecedentes que permitan esclarecer de mejor manera los hechos por los cuales se le responsabiliza tanto al abogado Luis Hermosilla como al ex director de la PDI, Sergio Muñoz; este último se encuentra en prisión preventiva ya que se le considera “un peligro para la sociedad”.

En consecuencia de lo anterior, hay algunos que sostienen, como el ex fiscal Gajardo que debe existir una mayor determinación por parte de la Fiscalía y los tribunales para sancionar de manera rigurosa las faltas que constituyan delito o provoquen perjuicios civiles.

Bajo esa premisa, es relevante señalar que este tipo de prácticas no están permitidas por el ordenamiento jurídico:

  • El artículo 248 del Código Penal indica que el el empleado público que en razón de su cargo solicita o acepta un beneficio económico será sancionado con reclusión menor en su grado medio

  • Además, las prácticas realizadas por Luis Hermosilla también estarían infringiendo las normas señaladas en el artículo 250, ya que este castiga a todo aquel que da, ofrece o consiente en dar un beneficio económico a un empleado público para que realice acciones.

IV.- CONCLUSIONES

Este es un tema que golpea en el corazón a la confianza de las instituciones y aumenta la percepción de que las instituciones chilenas más importantes tales como el SII, la justicia y las policías son permeables al fenómeno de la corrupción. 

Esto sin duda requerirá de una mejora en los mecanismos de control a las atribuciones de estos servicios y una actitud de las autoridades de tolerancia cero a estos hechos. 

Finalmente, esto también debe poner una alerta en cuanto al aprovechamiento político que se pueda dar de este caso, poniendo como excusa la corrupción para realizar reformas ideológicas a las policías impulsada por la izquierda y especialmente el partido comunista.