En la política chilena, particularmente en la centroderecha, ya hace algunos años ha proliferado un estilo en el que se celebra la concreción de acuerdos como un resultado positivo, como algo bueno. Esto, sin importar si implica la aprobación de una política pública o una reforma que se cree negativa y que, aún más, se ha comunicado a la ciudadanía previamente que es perjudicial.
El 30 de septiembre de 1938 fueron firmados los Acuerdos de Múnich, pacto a través del cual los gobernantes de Francia, Inglaterra, Italia y Alemania determinaron la anexión alemana de los Sudetes, una zona perteneciente a la entonces Checoslovaquia.
Neville Chamberlain, primer ministro británico, al aterrizar de vuelta en suelo inglés anunció “la paz para nuestro tiempo” tras el acuerdo al que llegó con Daladier, Mussolini y Hitler. Los Acuerdos encarnaron la Política del Apaciguamiento del gobierno de Chamberlain, que buscó dar concesiones a los Nazis con la esperanza de que aquello detuviera sus aspiraciones de expansión territorial.
La historia, evidentemente, nos muestra que dicha paz no prosperó y que el acuerdo no fue otra cosa que un elemento táctico, utilizado por Hitler para ganar tiempo, afinar su maquinaria bélica, precipitar la anexión de territorios y, finalmente, dar el puntapié inicial a la Segunda Guerra Mundial.
Este ejemplo nos muestra que, en política, llegar a un acuerdo no es necesariamente un bien en sí mismo y que, incluso, puede ser extraordinariamente perjudicial.
Es importante reconocer que la calificación positiva o negativa de una decisión, depende de los efectos materiales que esta genera, más que de la intención de los actores involucrados, por mucho que ambos elementos deban ser considerados al evaluar dicho acto.
En la política chilena, particularmente en la centroderecha, ya hace algunos años ha proliferado un estilo en el que se celebra la concreción de acuerdos como un resultado positivo, como algo bueno. Esto, sin importar si implica la aprobación de una política pública o una reforma que se cree negativa y que, aún más, se ha comunicado a la ciudadanía previamente que es perjudicial.
Ejemplo de esto son autoridades y parlamentarios de la época de los retiros de AFP que se manifestaron en contra de estos en razón del impacto que tendrían en la inflación y las pensiones pero que, una vez aprobados, los anunciaron acompañados de una celebración.
Por cierto que es destacable que en Chile las personas compartamos visiones, valores, tradiciones y, obviamente, un deseo de seguir siendo nación. Con ello, los acuerdos tanto en dichas temáticas como en los desafíos comunes son una buena noticia e incluso, la existencia de una fórmula que trascienda izquierdas y derechas puede tener un valor específico.
Pero cuando estos se fuerzan o terminan siendo utilizados para imponer una medida concreta con efectos negativos para el país o que incluso, la ciudadanía en su mayoría rechaza, el resultado puede ser nocivo para el sistema político en su conjunto.
La política contingente en Chile probablemente ha caído en una trampa y ha mezclado la lógica de llegar a buenos acuerdos cuando se den las condiciones con lo que sería el «acuerdismo», una deformación que implica asignar al acuerdo una importancia excesiva, impropia, implicando que otros elementos fundamentales quedan relevados, minimizados e ignorados.
Pasa a segundo plano el valor e impacto real de la medida aprobada y toma protagonismo el hecho de que oficialismo y oposición votaron igual. De alguna manera se trata de una suerte de glorificación de los acuerdos en sí mismos.
Cuando la buena nueva desde la política a la ciudadanía deja de ser el despacho de políticas públicas o decisiones con efectos positivos para las personas y, en cambio, comienza a ser la noticia de que hubo acuerdo, el distanciamiento de la ciudadanía con la política, generando dos grupos separados asimilables a clases, es probablemente inminente.
Cuando los políticos se ponen de acuerdo y los problemas no se solucionan, una conclusión probable es que los políticos son parte del problema.
En lo contingente, tras el plebiscito del 17 de diciembre de 2023 el Ejecutivo pasó a la ofensiva generando un nuevo pulso para concretar su reforma tributaria y presentando indicaciones a su reforma de pensiones que generan políticas públicas, cuyo costo, traspasa a los trabajadores.
En otras palabras, transformó la reforma de pensiones en una especie de segunda reforma tributaria.
Frente a dicha situación, en la oposición surgieron diferentes posturas, algunas planteando que no se debe ceder frente a malos proyectos propuestos por el gobierno y, otras, anunciando la disposición a llegar acuerdos con el Ejecutivo.
En concreto, las reformas presentadas por el gobierno contraviene los que podrían ser considerados los ideales más esenciales de la oposición. Por una parte, con el evidente crecimiento del Estado, el consecuente aumento del gasto público y los numerosos casos de cuestionable uso de recursos fiscales por parte del actual oficialismo y su órbita, resultaría incomprensible, en una lógica fuera de la trampa del «acuerdismo», que parlamentarios de oposición concurran con sus votos para aprobar un pacto tributario en los términos que el gobierno ha propuesto.
Por otra parte, teniendo pleno conocimiento de que los sistemas de reparto, como el propuesto en la reforma de pensiones del gobierno, son nocivos para los países que los instalan dado que generan profundos déficits financieros, producen presiones de grupos de interés para lograr privilegios y generan una carga impropia e injusta en las generaciones más jóvenes, sería un despropósito y una torpeza política que algún sector de la oposición permita que se instale dicho mecanismo. Más aún si se tiene en cuenta la convicción de la mayoría de los chilenos sobre la importancia de mantener la propiedad de los fondos a través de cuentas de capitalización individual.
Es de esperar que frente a dos reformas que a todas luces generarán significativas consecuencias negativas para los chilenos, particularmente para las futuras generaciones, la oposición no priorice el etiquetarse de dialogante por aprobar un proyecto de gobierno, por sobre el mandato de velar por el bien común, el bienestar de los chilenos y la patria.
Dadas las circunstancias, aprobar la reforma de pensiones del oficialismo, en contra del beneficio y los intereses de la ciudadanía y los trabajadores, podría generar en la propia ciudadanía una cucharada de la misma sensación que tuvieron los checoslovacos cuando vieron, desde lejos, cómo se firmó un acuerdo sobre su país, contra sus intereses y sin su presencia.
