La crisis política que atraviesa Chile es una realidad incuestionable y las consecuencias saltan a la vista si se analiza la aprobación de las instituciones públicas. Es tal la magnitud del deterioro que ha sufrido la confianza en el Estado, que tanto expertos del oficialismo como de la oposición han levantado las alarmas. Así, es claro que la ciudadanía añora aquella estabilidad por la que Chile solía destacar ante el vecindario latinoamericano.
En esa línea, el caso del Congreso Nacional es esclarecedor: solo uno de cada cuatro chilenos aprueba su rendimiento, siendo una de las instituciones peor evaluadas del país. El fenómeno no es aislado, sino que responde a un ya arraigado proceso de polarización y desprestigio del rol de los parlamentarios, el surgimiento de caudillos y díscolos, y la fragmentación de las grandes coaliciones en múltiples partidos y movimientos políticos de tinte sectario.
En este contexto, la Comisión Experta despachó un anteproyecto de Nueva Constitución con énfasis en un sistema político robusto, con mayor disciplina parlamentaria y que favorezca la formación de mayorías. Así, se aprobó la cesación en sus funciones para los congresistas que renuncien a su partido o sean expulsados de ellos, un umbral mínimo del 5% de los votos para que los partidos accedan a escaños, además de la realización de las elecciones parlamentarias en conjunto a la segunda vuelta presidencial.
Si bien estas disposiciones configuran un sistema político más estable que el actual, se advierte un posible peligro: que el remedio sea peor que la enfermedad. Por ello, las consecuencias últimas de dichas normas deben ser sopesadas: la gran mayoría de los partidos políticos quedarían fuera del Congreso (sólo 6 de los 21 partidos existentes alcanzaron ese umbral en la última elección parlamentaria), las directivas de los grandes partidos podrían adquirir un poder excesivo y los parlamentarios se verían obligados a cumplir órdenes de partido aun cuando vayan contra los principios por los que fueron electos.
Para fortalecer nuestro sistema político se requiere de un Congreso Nacional legitimado y que favorezca los grandes acuerdos, pero sin por ello tensionar los principios esenciales de la democracia. De este modo, el resguardo de la gobernabilidad debe matizarse con la pluralidad de proyectos políticos, un sistema equilibrado y construido sobre pesos y contrapesos, así como la protección de la libertad de los parlamentarios para defender sus ideas sin la peligrosa y autoritaria amenaza de perder aquellos escaños democráticamente obtenidos.
Raimundo Astaburuaga Cruz, Investigador Equipo Constitucional.
