A un mes del desenlace, parecía haber un acuerdo en que había llegado la hora de los militares, aunque con connotaciones diversas y contradictorias entre los distintos actores políticos.
Al comenzar agosto de 1973, el presidente del Partido Demócrata Cristiano Patricio Aylwin sugirió al Presidente de la República Salvador Allende realizar un importante ajuste ministerial, que integrara a las Fuerzas Armadas al gabinete, con capacidad decisoria y presencia en los mandos medios de la administración.
El tema ya lo había planteado en la reunión que ambos habían sostenido el 30 de julio. La respuesta del gobernante fue negativa, considerando dos elementos: que solo un mes antes se había hecho un ajuste ministerial y que los problemas que vivía Chile debían ser resueltos por los civiles.
Sin embargo, a los pocos días –el 9 de agosto– Allende anunció un nuevo gabinete, con una particularidad: la fórmula integraba a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al general director de Carabineros. De esta manera, siendo ministro del Interior Orlando Letelier (PS), se integraron al gobierno el almirante Raúl Montero (en Hacienda), el general de Ejército Carlos Prats (en Defensa), el general del Aire César Ruiz Danyau (Obras Públicas y Transporte) y el general de Carabineros José María Sepúlveda (en Tierras y Colonización). En la práctica, acogía la fórmula planteada por la DC, si bien no con la misma capacidad de acción para los uniformados.
El Comité de los 15 era un grupo de uniformados que, en la práctica, estaba deliberando políticamente en un momento de crisis institucional.
Vale la pena recordar que en la misma línea de los falangistas se había pronunciado el Comité de los 15, que funcionaba desde hacía unos pocos días e integraba a cinco generales de Ejército, cinco de la Fuerza Aérea y a cinco almirantes, lo que mostraba además la conformación de un grupo de uniformados que, en la práctica, estaba deliberando políticamente en un momento de crisis institucional.
Es importante captar el sentido profundo de la decisión presidencial y de la propuesta de la Democracia Cristiana y el Comité de los 15, que contribuye a comprender por qué efectivamente se sumaron los uniformados al gabinete. Si bien esta situación ya se había registrado en noviembre de 1972, con el ministerio de integración militar que se conoció como “UP-generales”, la verdad es que la situación era diferente en agosto de 1973. A fines del año anterior el objetivo había sido enfrentar el Paro de Octubre y sus consecuencias, entre las que se inscribía el riesgo de la guerra civil; a mediados del año decisivo la cuestión era mucho más compleja, en un ambiente donde la guerra civil y el golpe de Estado eran temas cotidianos, así como lo eran la posibilidad de una dictadura militar o del proletariado, según advertían diversos actores políticos.
La prensa registró claramente el cambio de mano que había forzado la designación ministerial. El 12 de agosto de 1973 una viñeta de El Mercurio –que incluía los cuatro sables y gorras militares, dibujo firmado por Lukas– decía escuetamente: “De estos cuatro sables penden los destinos…”
La revista Punto Final, publicación cercana al MIR, entre irónica y realista sostuvo en su portada del martes 14 de agosto: “Tiene la palabra el camarada Mauser. Oficiales golpistas arremeten contra la clase obrera”. En una esquina de esa misma publicación, resumían su visión sobre el nuevo escenario político: “Cambio de guardia: FF.AA. relevan a la UP”. El editorial incluía una foto del líder del PDC, con la siguiente bajada: “Patricio Aylwin: relacionador público de las FF.AA.”.
Se había pasado a una fase distinta y grave, como es la militarización de la política.
El tema de fondo es que se había producido claramente un desplazamiento de las confianzas y de la comprensión del poder político. Además, se había consolidado para entonces un proceso que tenía antecedentes en la historia nacional, en el contexto de la crisis de 1973: de la politización militar iniciada con la designación del general Carlos Prats como ministro del Interior en noviembre de 1972, se había pasado a una fase distinta y grave, como es la militarización de la política. Si el primer concepto indica que los uniformados se incorporan a las actividades gubernativas o propias de la lucha partidista, el segundo muestra una dimensión distinta: se trata del llamado a los militares a resolver el conflicto político.
Por supuesto, en el avance de este proceso había posiciones diferentes, incluso contradictorias. Algunos sectores eran derechamente golpistas, otros procuraban “utilizar” a los militares para sus propios fines, estaban quienes pensaban que los uniformados debían ser los garantes de la Constitución o de la democracia, y los propios militares habían comenzado su deliberación al respecto. Podríamos decir que hubo tres fases principales en este plano, de distinto tipo y alcance: la primera se inició en octubre de 1969, con el Tacnazo como hito decisivo; la segunda se verificó en noviembre de 1972, con la designación del gabinete UP-generales; la tercera es la que se vivía en agosto de 1973, y tenía en la designación del ministerio de seguridad nacional una expresión elocuente. Era una etapa de tiempo corto y definitivo.
Desde el 9 de agosto al 11 de septiembre la situación no haría sino agravarse, así como el tema militar pasaría a estar en el corazón del debate político de manera permanente. La designación del gabinete tuvo un sello castrense, pero también lo tuvieron los problemas sobrevinientes y la rápida descomposición de la fórmula ministerial, que llevaron a la renuncia del general Ruiz Danyau (18 de agosto) y luego del general Prats (23 de agosto): ambos casos provocaron problemas políticos, pero también de carácter interno en las instituciones militares, con todo lo que ello implica en términos de relajación de la disciplina, politización y eventual ruptura.
El 22 de agosto la Cámara de Diputados acusa al gobierno de haber violado la Constitución y las leyes.
El 22 de agosto la Cámara de Diputados aprobó su declaración sobre el Grave Quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal de la República, que acusaba al gobierno de haber violado la Constitución y las leyes en materia de derechos fundamentales y de separación de poderes, con el objetivo de implantar un régimen totalitario y acabar con la democracia en Chile. En la parte del acuerdo propiamente tal, el documento expresaba que a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, en virtud “de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos”.
Dos días después, el presidente Allende sostuvo en su respuesta que los diputados de oposición exhortaron “formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la Carta Fundamental”, en lo que constituía un llamado “al golpe de Estado”. Es decir, era la consolidación de la militarización de la política.
El resto es historia relativamente conocida, pero valdrá la pena revisarla: la renuncia de Prats condujo a la designación del general Augusto Pinochet en su reemplazo, en tanto se desarrollaba la cuenta regresiva para el 11 de septiembre. Curiosamente, en agosto parecía haber un acuerdo en que había llegado la hora de los militares, aunque con connotaciones diversas y contradictorias entre los distintos actores políticos.
Alejandro San Francisco. Director de Formación en el Instituto Res Publica
