Cada día estamos más acostumbrados a que todos los días la prensa informe sobre los macabros delitos que ocurren en las calles de nuestras ciudades. Se ha vuelto parte de la rutina informativa conocer un homicidio en el norte, un ajuste de cuentas en Santiago y un baleo con resultado de muerte en alguna ciudad del sur.
Frente a estos terribles hechos y especialmente por el asesinato de tres carabineros entre marzo y abril de este año, el gobierno en abril anunció un fast track legislativo, que implicaba aprobar más de 30 proyectos en materia de seguridad pública en menos de 75 días. Este plazo se cumplió sin ninguno de estos proyectos aprobados, por lo que decidieron reimpulsar 8 proyectos específicos para que se despachen antes de fines de septiembre.
Entre las medidas impulsadas por el gobierno se incluye poner urgencia a una iniciativa presentada el año 2021 que consiste en la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad, proyecto que se encuentra listo para su segundo trámite legislativo. Esta iniciativa implica la aplicación de la añeja fórmula: creación de más burocracia y el crecimiento del aparato del Estado. La medida genera expectativas en la ciudadanía, pero no necesariamente tiene como correlación una mejora en la seguridad de las personas.
La tramitación de proyectos, incluidos los que creen nueva institucionalidad, no puede ser excusa para no enfrentar un problema tan grave con las herramientas vigentes, se debe potenciar y apoyar el trabajo de Carabineros, porque los chilenos no pueden seguir viviendo en la desprotección o frente a la incertidumbre de que puedan ser víctimas de un delito.
Preocupantes son los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, que en su edición de la segunda semana de agosto muestra que un 64% de los encuestados cree que en los próximos 10 años el país se encontrará peor en materia de delincuencia. Es decir, los chilenos perciben que no se están tomando las medidas necesarias y efectivas para detener la ola de delincuencia que afecta a nuestro país, tanto así que la mayoría no tiene esperanzas de que la situación mejore.
Es relevante volver a enfocarse en la seguridad como tema prioritario, porque son los chilenos quienes se ven afectados. El estado de derecho implica que se persiga con fuerza a aquellos que no cumplen las reglas, para ello hay que usar con decisión la institucionalidad vigente y no seguir inventando funcionarios.
Columna de Juan Pablo Meier, Investigador del Instituto Res Publica.
