Esta semana se empezaron a votar las primeras enmiendas hechas por los consejeros constitucionales al borrador que presentó el comité de expertos, y en los primeros días ya hubo algunas polémicas importantes, que tienen más sentido si se leen comprendiendo el contexto político actual, que sin él.
Algunas personas han señalado, a través de redes sociales, que se estaría cayendo en el mismo error de la Convención Constitucional, al aprobar normas que solo representan a un sector y no llegar a acuerdos.
La primera objeción a esta crítica es que omite la diferencia grave en el contenido de las materias tratadas. Una cosa es el reconocimiento constitucional del rodeo, cuestión completamente opinable; pero otra completamente distinta es, por ejemplo, la existencia de sistemas paralelos de justicia, la plurinacionalidad o el rol excesivo del Estado en diversas áreas de la sociedad.
Una segunda objeción es que, si bien la materia constitucional permite lograr acuerdos más transversales políticamente, eso en ningún caso quiere decir que sea exigible la unanimidad en las normas aprobadas. Esto tampoco se exigió anteriormente. El gran error de la Convención Constitucional no fue no haber aprobado normas transversales, fue haber hecho un mal proyecto que estuvo completamente desconectado con la identidad y realidad de los chilenos.
Es razonable pedirles a los consejeros constitucionales no hacer de la Constitución un programa de gobierno e intentar acuerdos en materias importantes. Pero el precio a pagar no es ilimitado. No bastan los acuerdos por los acuerdos. Lo más importante es hacer un buen proyecto constitucional para los chilenos.
En ese sentido, el contexto político ha tenido un rol protagónico en las críticas al proceso actual. Frente al bajo apoyo ciudadano al actual proceso y al posible borrador en diciembre, varios ya están buscando responsables de la derrota, antes de intentar que este nuevo proceso salga lo mejor posible.
Por suerte, el ambiente en el Consejo Constitucional es distinto al que se ha querido construir en el debate público, y los consejeros y el mundo político tienen la responsabilidad de transmitirlo. El diálogo, los acuerdos y, por qué no decirlo, la cordialidad con que ha avanzado esta discusión hace que el actual rumbo del proceso sea radicalmente distinto a lo que vimos en la Convención Constitucional.
Cualquiera que les haya hecho seguimiento a ambas instituciones, podrá reafirmar esto. Es esperable que continúe ese ambiente para ofrecerle a los chilenos el mejor proyecto posible.
José Francisco Lagos, director Ejecutivo Instituto Res Publica.
