Se acerca a su etapa final del segundo proceso constitucional, luego de arduos meses de trabajo. Cada vez son más las expectativas que genera el plebiscito y aunque aún no se conoce el texto final, algunos han expresado su preferencia por la opción “en contra” y otros tantos por la opción “a favor”.
Por una parte, el poco tiempo y la división que marcan las encuestas es preocupante, pero, por otra, las encuestas también muestran que cualquier escenario es posible durante el periodo de campaña. Lo cierto es que las distintas fuerzas políticas defenderán sus ideas para lograr la victoria el 17 de diciembre y deberán fundamentar su opción no en argumentos falsos o tendenciosos sino en legítimas aprehensiones políticas o técnicas sobre el texto a plebiscitar.
En este contexto, llama la atención que algunos expertos expresen que votarán “en contra” como ha sido el caso de Alejandra Krauss (DC), Karen Araya (PC) y Alihuén Antileo (escaño indígena). Según un estudio realizado en el Instituto Res Publica, cerca del 85% del anteproyecto se mantiene intacto en la propuesta aprobada por los consejeros. Si analizamos además el total de oraciones del texto aprobado hasta el momento y del anteproyecto de los expertos existe un 65% de coincidencia, es decir, se ha mantenido más de la mitad de lo propuesto por los expertos, ya sea de forma literal o con leves cambios de redacción.
¿Cómo puede ser que los expertos que aprobaron unánimemente el anteproyecto, que es el corazón de la nueva propuesta, ahora declaren que no apoyan su aprobación?
En específico, Alejandra Krauss dijo que votará “en contra” porque no permitirá el retroceso en derechos sociales. Sin embargo, no aclara qué derechos considera que retroceden. Algo parecido sostiene Karen Araya, quien dijo que el texto no recoge una debida garantía y profundización en los derechos sociales fundamentales, por lo que no podría aprobar la propuesta. Pareciera ser que el texto no establece un retroceso de los derechos, sino que no los consagra como la izquierda hubiera querido, es decir, con profunda preeminencia del Estado por sobre los particulares, sin libertad de elección en materia de salud y educación, sin alteraciones a los principios fundamentales de la democracia como lo es la igualdad ante la ley, entre otros.
Por su parte, Alihuén Antileo sostuvo que el texto propuesto excluye a los pueblos indígenas, pero esto también es incorrecto, puesto que la propuesta reconoce los derechos de todos los chilenos, tanto aquellos que provienen de pueblos indígenas como quienes no. Por lo demás, la ciudadanía ya rechazó en su oportunidad un texto profundamente indigenista, con normas que dividirían a Chile y no permitirían un correcto desarrollo de nuestro país.
Quizás es más correcto decir que están “en contra” porque el texto no se acomoda a sus pretensiones ideológicas, sino que nace de un proceso con acuerdos entre sectores políticos, sin exclusión de ideas minoritarias. En consecuencia no se trata de un texto escrito para acomodarse a un proyecto de gobierno ni un partido político, sino que es fruto de las negociaciones propias de la política.
Constanza Schneider. Investigadora del Programa Constitucional Instituto Res Publica
